AÚN ESTAMOS ASÍ A ESTAS ALTURAS DE SIGLO...

El aborto como derecho o bajo tutela médica

La reforma que sugiere el Gobierno puede implicar un cambio de modelo - La ley de plazos domina en Europa pero disgusta a los conservadores - Los expertos dudan de cómo abordará el PP una modificación con un gran tinte ideológico

MARÍA R. SAHUQUILLO / CHARO NOGUEIRA 27/01/2012

Treinta años atrás eran los viajes a Londres, o las arriesgadas prácticas clandestinas sin ir al extranjero. Abortar era un verbo prohibido por más que las organizaciones de mujeres, al socaire de una democracia de estreno, se emplearan en vistosas campañas para pedir que fuera "libre y gratuito". Ahora es un derecho automático -no se precisa alegar razones ni obtener el visto bueno médico en las primeras 14 semanas- y en principio sin coste económico para la mujer, pero amenazado de cambios. Un largo camino el del aborto y cuyo fin aún no se vislumbra.

Ahora menos que nunca tras el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que modificará la ley para que se adapte a la "defensa del derecho a la vida, según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional". Un alegato que sugiere una vuelta al modelo normativo que imperó en España hasta julio de 2010, en el que las mujeres necesitaban la tutela del médico para poner fin a su embarazo, alegando en la mayoría de los casos que este podía causarle daños psicológicos. El cambio supondría una vuelta atrás para un país que ha aceptado y se ha adaptado al sistema de plazos, mayoritario, además, en toda Europa. También implicaría una pérdida de derechos, como el de la "maternidad libremente decidida", que recoge la norma de 2010.

El Gobierno apenas ha esbozado sus intenciones. No ha aclarado qué es lo que quiere hacer ni cómo. Tan solo ha arrojado algo de luz al anunciar -y no ha sido la primera vez- que modificará uno de los asuntos más polémicos de la actual ley: el hecho de que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno y que, para hacerlo, solo precisen informar en casa -algo que pueden evitar si alegan que contarlo les puede acarrear un conflicto-. Esta inconcreción hace pensar a algunos expertos en que la reforma, finalmente, no será estructural, sino cosmética. Como María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, que ve improbable una vuelta al sistema de supuestos y cree que el Gobierno se limitará a modificar la ley para que las menores precisen el permiso paterno para abortar. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, Beatriz Escudero, ha asegurado, sin embargo, que la reforma será "parcial" pero "importante".

La lucha del Partido Popular contra la interrupción voluntaria del embarazo ha sido larga e intensa. Nunca les gustó la ley de plazos, que consagra el aborto como un derecho en las 14 primeras semanas de gestación, y por eso recurrieron al Tribunal Constitucional -al que pidieron, sin éxito, su suspensión cautelar-, que aún debe pronunciarse. Tampoco les satisfacía la regulación anterior, de 1985, que despenalizaba esta intervención en tres casos: violación, hasta la semana 12 de gestación; malformaciones del feto, hasta la 22; y riesgo para la salud física o psicológica de la madre. Un supuesto, este último, sin plazo alguno, que aducían la mayoría de las mujeres y que permitió en algunos casos abortos muy tardíos. Pero a pesar de su mala prensa y de las duras críticas, el PP no la modificó en absoluto cuando estuvo en el Gobierno, de 1996 a 2004 (con José María Aznar); años entre los que se produjeron más de 500.000 abortos.

"Lo que está haciendo el PP ahora es brindarle un guiño al ala más dura del partido", cree Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, (Madrid) y uno de los pocos expertos que ha participado en la elaboración de las dos regulaciones -la despenalización y la de plazos- que ha tenido España. Pero el sector más conservador, sin embargo, no solo reclama la modificación de la actual norma, sino directamente la prohibición del aborto -una práctica, recuérdese, que tiene el absoluto rechazo, bajo pena de excomunión, de la Iglesia católica-; algo que, sin embargo, sí tendría un encaje no solo ya difícil sino prácticamente imposible.

Recuerda Martínez Salmeán que una vuelta a la vía de los supuestos no cuadra con el panorama europeo, donde la mayoría de las regulaciones -salvo la de Polonia, Malta o Irlanda- fijan un plazo en el que la mujer puede tomar la decisión de forma libre. Normativas que en algunos países, como Suecia o Francia, llevan décadas en vigor y que no han variado con los cambios de Gobierno; aunque estos hayan girado a la derecha. "Ni siquiera Berlusconi en Italia cambió la ley del aborto, que allí está fijado sin alegaciones hasta la semana 12", indica Martínez Salmeán. El sistema está vigente en 32 de los 47 países que integran el Consejo de Europa, una institución que en 2008 recomendó a sus miembros -entre los que está España- despenalizar el aborto y convertirlo en una práctica "legal y sin riesgos".

Este tipo de cambios normativos, advierten además los expertos, no terminarán con la realidad del aborto. "Ni con sus cifras", opina Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, que explica que la ley de plazos no ha disparado el número de abortos. Algo que constatan los datos del Ministerio de Sanidad, que muestran que en 2010 se practicaron 113.031 y que la tendencia a la baja, registrada en 2009, se mantiene con la nueva regulación. "El número de abortos no variará a menos que se inviertan medios en la contracepción. Eso sí supondría un verdadero cambio", reclama Martínez Salmeán, que pone el acento en la gran asignatura pendiente, en la que ninguno de los Gobiernos -independientemente de su color- se ha llegado a sumergir a fondo.

La vuelta atrás y que España abrazase de nuevo un sistema de supuestos implicaría, creen muchos -como el PSOE, las asociaciones de mujeres, las clínicas o las organizaciones de defensa de la sanidad pública-, la desprotección de los profesionales y de las mujeres. "La ley ha sido fruto de un amplio consenso y da respuesta a una realidad social", afirma Soledad Cabezón, secretaria de Igualdad de los socialistas.

Luisa Torres, trabajadora social de la histórica clínica Dator de Madrid, explica que el sistema de supuestos provocaba algunas situaciones dramáticas. Como la de las mujeres que recibían un diagnóstico de malformaciones fetales graves tras la semana 22, tiempo en el que la ley autorizaba la interrupción del embarazo bajo ese supuesto. Ahora, tras las 14 semanas de aborto libre existe la opción de hacerlo con alegaciones: hasta la semana 22 por riesgo para la madre o malformaciones, y sin plazo alguno si un comité médico considera que el feto sufre "malformaciones graves o incurables".

"Antes era tremendo, algunas mujeres tenían que viajar fuera de España, a Francia u otros lugares donde está permitido, para interrumpir un embarazo que ya sabían que era inviable o en el que se constataba que el niño sufría enormes daños", recuerda Torres que sostiene que el cambio al modelo anterior puede ser dañina. "No puede olvidarse que el aborto estaba en el Código Penal y que si se hacía fuera de los supuestos permitidos mujeres y médicos podían ir a prisión", dice.

"La ley de plazos ha supuesto un avance en la autonomía de la mujer, que hasta la semana 14 de gestación puede elegir libremente si seguir con el embarazo sin tener que demostrar, como se hacía antes, que hacerlo le provoca daños psicológicos; la regulación de supuestos suponía una tutela para un acto íntimo", sigue Torres. Una opinión que comparte el ginecólogo Martínez Salmean. "La ley de 2010 permite establecer por primera vez el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, y eso es algo que no pueden soportar los hombres del PP", apunta Victoria Virtudes, histórica activista proaborto. Asegura que durante la vigencia de la norma anterior, unas 2.000 mujeres fueron denunciadas, generalmente por sus exparejas, por haber interrumpido el embarazo; aunque ninguna fue condenada.

Con todos esos mimbres, ¿está España preparada para retornar a un modelo similar al anterior? La catedrática Balaguer no se imagina la vuelta a los supuestos. "Habría una fuerte presión en contra", dice. Pero la mención de la sentencia del Constitucional, de 1985, que tumbó la redacción inicial de la ley del aborto de 1983, parece dejar pocas dudas, al menos de la intención. Fue este tribunal quien sugirió la necesidad de la firma de un médico para acceder a la intervención. También quien abrió la puerta a que se pudiera abortar por riesgo para la salud psíquica de la madre (la primera redacción solo se refería a "la salud", sin precisar más). En términos generales, el fallo del Constitucional señaló que el derecho a la vida "constituye el derecho fundamental esencial y troncal (...) sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible". Junto a él, figura "el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona". El Estado debe hacerlos efectivos.

Cuando hay colisión entre la vida del nasciturus (el no nacido) y derechos "como la vida y la dignidad de la mujer", no puede prevalecer incondicionalmente ni uno ni otro, añadía el Constitucional. Para el ministro Gallardón, que aprueba la doctrina del Constitucional -de hecho el PP la menciona junto a los "derechos del no nacido" en su recurso a la ley de plazos-, por contra, la ley actual "suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestación". Así lo explicó en una entrevista con este diario antes de tomar posesión de su cargo.

Una opinión que no comparte la jurista María Durán, que formó parte de la comisión de expertos que cocinó la norma de plazos. "La Ley de Salud Sexual y Reproductiva no es contradictoria con la sentencia del Constitucional de 1985. Es garantista por partida doble, con las personas que intervienen en los abortos y con las mujeres, a las que se facilita toda la información para que decidan si quieren continuar con el embarazo", dice tajante. De hecho, la norma actual fija que las mujeres deben aguardar un periodo de reflexión de tres días, después de recibir esa información sobre las alternativas. Un plazo, indica Salmeán, que se impuso precisamente para que la mujer tuviese esa garantía constitucional.

Gerardo Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, afirma que no tiene sentido sostener una posible derogación de la ley de plazos en la doctrina del Constitucional sobre el derecho a la vida. "La jurisprudencia que ha permitido la despenalización del aborto en determinados supuestos no se pronunció en su momento sobre otros problemas ni supuestos. Por tanto, el problema todavía no resuelto es el de qué debe prevalecer, si el bien jurídico protegido del nasciturus o la libertad de la madre para decidir sobre su propia maternidad", sostiene. "El Tribunal Constitucional no ha dado todavía una respuesta a este conflicto de derechos, si bien de su doctrina no tiene por qué deducirse que sea inconstitucional un sistema de interrupción del embarazo dentro de unos términos razonables de tiempo, tal y como ahora está regulado en España. Creo que además esta sería la interpretación más correcta en función del sistema de valores y derechos proclamados por la Constitución", concluye Ruiz-Rico.

Así, los expertos no tienen claro cómo abordará el PP el cambio insinuado. Martínez Salmeán aventura que el cambio de modelo, además, es complicado. "Se podría hacer combinando una ley de indicaciones con la de plazos. Es decir, establecer un tiempo para alegar riesgo moral o psicológico por el embarazo y que un médico lo verificase; pero volver a ese modo de tutelaje es tremendo, tanto para los profesionales como para las mujeres", opina.

Con su discurso y la buscada falta de concreción, el Gobierno deja las puertas abiertas a realizar una reforma total extremadamente restrictiva o quedarse con la carta que muestra de forma clara: la intención de recuperar el consentimiento paterno para las chicas de 16 o 17 años. Una modificación para la que además tendrían apoyos fuera de su partido; ya que la autonomía de las chicas fue uno de los asuntos más espinosos en la ley de salud sexual y reproductiva.

Algo que, en la práctica, afecta a un porcentaje pequeño de las menores. Un estudio reciente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa a una treintena de las más de 80 clínicas, afirma que la gran mayoría de las jóvenes de 16 y 17 años (el 87%) informa a sus padres e incluso va con ellos al centro. Para no hacerlo, las menores alegan desde malos tratos hasta presiones por parte de sus padres. También hay situaciones de desamparo o de chicas que están emancipadas.

"La ley da respuesta a situaciones muy concretas y complicadas. Si eso se limita es una marcha atrás y puede empujar a las mujeres a acudir a interrumpir su embarazo por otros cauces inseguros y en los que se puede poner en riesgo su salud", alerta Francisca García, vicepresidenta de Acai. Esta asociación alerta de que un cambio a un modelo más restrictivo no solo afectaría a que las menores acudieran a la clandestinidad, sino todas las mujeres. "Si una mujer se encuentra ante un embarazo no deseado va a abortar, aunque se ponga el riesgo", dice García.

La intención del Gobierno de reformar la ley traslada a la sociedad a otros tiempos. Pero ahora, como hace casi 30 años, la derecha y la izquierda se dividen ante una cuestión que también les divide internamente. El debate se ve fuertemente influido por raíces morales y religiosas.

Pasado y presente del derecho

1985. Despenalización

- Ley de indicaciones. La regulación establecía que el aborto era un delito despenalizado en tres supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación); taras físicas o psíquicas del feto (hasta la semana 22); o peligro para la vida de la madre o para su salud física o psíquica (sin plazo).

- Penas. El médico que practicase un aborto fuera de los supuestos permitidos en la ley podía ir a la cárcel de uno a tres años y quedar inhabilitado seis. La mujer que abortase fuera de los casos permitidos podía ser castigada con penas de prisión de seis meses a un año o una multa.

2010. Ley de plazos

- Plazos. La ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 fija un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese plazo y hasta la semana 22, la mujer puede abortar si existen malformaciones del feto o si existe un riesgo para la salud de la madre. Tras ese tiempo la interrupción del embarazo solo está permitida si un comité médico atestigua que existe una malformación grave o incompatible con la vida.

- Penas. La ley de 2010 solo contempla penas de prisión para las que aborten fuera de lo permitido si la intervención se ha hecho tras la semana 22 de gestación.

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COMO PODÉIS COMPROBAR NO TODOS OPINAN IGUAL.

Los hombres ante los recortes en las políticas de igualdad.

José Ángel Lozoya Gómez

La falta de un proyecto estratégico que orientara el trabajo con los hombres llevo al Gobierno socialista a perder la oportunidad de avanzar en su incorporación a las políticas de igualdad, consolidar la colaboración institucional con el Movimiento de Hombres por la Igualdad y contribuir a promover una mayoría social capaz de oponerse al pos machismo.

En lugar de esto usó la crisis económica para justificar una ofensiva sin precedentes contra la igualdad de oportunidades y la autonomía de las mujeres, sacrificando el Ministerio de Igualdad y las iniciativas públicas que empezaban a considerar a los hombres como aliados necesarios en el camino hacia la igualdad: el teléfono para hombres o el compromiso de ampliación de los permisos de paternidad.

Lo que hemos perdido los hombres es insignificantes si los comparamos con los recortes que se están aplicando a los programas dirigidos a propiciar la protección de las víctimas de la violencia machista o los que amenazan las conquistas de las mujeres de los últimos años, en una ofensiva que se justifica por la necesidad de hacer frente a una crisis económica que los recortes en políticas sociales contribuirá a incrementar.

Pero el reconocimiento de esta diferencia no puede ocultar la importancia de la perdida de oportunidad que supone la desaparición del teléfono para los hombres y la congelación de los permisos de paternidad, porque eran las primeras medidas destinadas a mejorar la vida de los hombres, implicándolos activamente en el cambio, que hubieran contribuido, al mismo tiempo, a mejorar la vida de las mujeres.

Se trataba de avances concretos en el modo de abordar la igualdad, basado tradicionalmente en políticas centradas únicamente en las mujeres, aunque les llamaran políticas de género o de igualdad. Hasta ese momento, el trabajo con los hombres solo se planteaba como una táctica que favorecía a las mujeres, en temas como la prevención de la violencia machista o los embarazos no deseados, aunque también ayudaban a mejorar la vida de los hombres.

Puede parecer que el orden de factores no altera el producto pero en este caso lo hace, al menos subjetivamente, porque no es lo mismo pedirle a los hombres solidaridad que colaboración, ayuda que corresponsabilidad, apoyo que implicación en el diseño y construcción de un futuro compartido en el que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades.

Reconocer que la igualdad necesita promover el cambio de los hombres sin dejar por ello de destacar que la mejora de su bienestar también es un objetivo legítimo de las políticas de igualdad en áreas como los procesos de separación, las relaciones laborales, la educación, la violencia machista o la vida afectiva y familiar es el resultado de un proceso que se viene produciendo como consecuencia de una combinación de factores: La conciencia de la mayoría del movimiento feminista de que tras conquistar la igualdad legal ve que hace falta la participación de los hombres para conseguir la real, el trabajo de los hombres por la igualdad que llevan décadas criticando los modelos masculinos tradicionales e intentando implicar a los hombres frente al machismo, las múltiples Conferencias sobre la Mujer y de las Naciones Unidas que recomiendan alentar la corresponsabilidad de los hombres en la promoción de la igualdad, y los buenos resultados cosechados por las experiencias locales (Jerez, Euskadi,..) "para promover la concienciación, participación e implicación de los hombres a favor de la igualdad de sexos" (Gizonduz).

El retraso en incorporar a los hombres como beneficiarios directos de las políticas de igualdad ha tenido consecuencias indeseadas, ayuda a explicar la existencia de un sector creciente de la población que tiene la percepción subjetiva de que algunas leyes (sobre todo relativas a violencia de género y la custodia de la prole en las separaciones) van dirigidas contra los hombres y por tanto contra la igualdad. Se trata de una percepción que no precisa de hechos contrastados pero que sirve de caldo de cultivo en el que arraigan los discursos pos machistas, desarrollados por personas contrarias a la igualdad que se presentan como las defensoras más consecuentes de la misma y ven en la victoria del PP la oportunidad de impulsar los cambios legislativos que promueven.

La llegada del PP nos hace temer que la poda de la igualdad que inicio Zapatero se convierta en la tala de Rajoy y nos esperen años de movilizaciones en defensa de las conquistas amenazadas. Pero tenemos que evitar el error de que las urgencias defensivas nos impidan analizar y superar algunos de los errores del pasado que han contribuido al desencanto electoral de la izquierda y el rechazo a las políticas de igualdad.

Superar las dudas sobre la necesidad de contar con los hombres para defender las conquistas en peligro y recuperar la iniciativa en el impulso de la igualdad, sin olvidar que la prioridad sigue siendo promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra las desigualdades persistentes, implica asumir que es un error dejar en segundo lugar el apoyo al cambio de los hombres. Un apoyo que siempre ha contado con aquellos sectores del movimiento feminista que ven la igualdad como una aspiración democrática inalcanzable sin aliarse con el movimiento de hombres por la igualdad, que (todo hay que decirlo) nunca han puesto en peligro los recursos destinados a las mujeres que tanto les ha costado conseguir.

Que las prioridades sean la erradicación de las violencias contra las mujeres y la implicación de los hombres en lo doméstico (paternidad, cuidados,..), no impide que haya áreas como el fracaso escolar, la exclusión social o la salud, en las que la situación de los hombres parece ser peor que la de las mujeres, que falten estudios sobre los hombres o el interés que tiene ayudar y apoyar a los hombres a que elijan profesiones no tradicionales y estudios de humanidades.

El MHXI, tras el proceso de confluencia iniciado el pasado mes de octubre en Barcelona con la aprobación de la Agenda, necesitamos crecer y afirmar nuestra autonomía, al tiempo que potenciamos las relaciones con el movimiento feminista y LGTB, nos insertarnos en el movimiento 15M, nos acercarnos a los sindicatos, colaboramos con las instituciones que conserva la izquierda y vamos viendo las posibilidades con las gobernadas por el PP, conscientes de que podemos contribuir a construir la igualdad aportando temas y enfoques nuevos, comprometiéndonos en su promoción y añadiendo crédito a la idea de que la misma nos interesa tanto como a las mujeres.

Alella fa un minut de silenci per la mort d'una dona en Granollers víctima de la violència masclista.

Una quarantena de persones han participat en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Alella per condemnar la mort d'una veïna de Granollers víctima de la violència masclista que s'ha fet aquest dilluns 30 de gener a les 12h a la Plaça de l'Ajuntament. Aquesta és una de les iniciatives recollides en la moció contra la violència masclista aprovada pel Ple municipal del passat dijous 26 de gener.

La moció, que va ser proposada per Gd'A i aprovada per unanimitat, inclou els següents acords:

Primer.- Convocar l'endemà que es produeixi un assassinat com a conseqüència de la violència masclista la ciutadania d'Alella a dur a terme un minut de silenci davant l'Ajuntament a les 12 hores del migdia.

Segon.- Dur a terme un minut de silenci en el ple del mes de novembre de l'Ajuntament d'Alella en commemoració del dia internacional contra la violència masclista.

Tercer.- Penjar l'endemà de l'assassinat, al balcó de l'Ajuntament un element que mostri el rebuig a la violència.

Quart.- Proposar als centres educatius del municipi que facin, si cal encara, més incidència en aquesta xacra per tal de formar en la convivència i conscienciar als nostres infants i joves, futurs adults.

Cinquè.- Convidar, especialment les associacions de dones del municipi (Associació de Dones d'Alella Montserrat Roig i Associació de Dones Solidàries d'Alella), així com a la resta d'entitats del municipi a participar dels minuts de silenci de manera activa.

Sisè.- Enviar còpia d'aquesta moció al Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Barcelona i a l'Institut Català de les Dones Generalitat de Catalunya.

D.E.P

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA EN GRANOLLERS POR VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

¡¡¡BASTA YA!!!

Granollers (Barcelona), 30 ene (EFE).- Más de 300 personas se han reunido esta tarde en la plaza de la Porxada de Granollers en una concentración silenciosa para condenar el asesinato, el pasado viernes en esta ciudad, de una mujer, víctima de la violencia de género.

La concentración silenciosa, convocada por el Ayuntamiento, ha contado con la participación de numerosos responsables municipales, familiares, representantes de asociaciones de mujeres y vecinos para condenar la muerte de la mujer, de unos 50 años, vecina de la ciudad, presuntamente a manos de su pareja.

Durante el acto, la organización Taula de Dones de Granollers ha despleagado una pancarta exigiendo que pare la violencia contra las mujeres y todos los grupos del consistorio han consensuado un manifiesto de condena.

El presunto agresor y marido de la víctima fue detenido por la Guardia Civil en Requena, en Valencia, el pasado domingo.

Los Mossos d' Esquadra también han detenido al hermano del presunto agresor por su posible relación con los hechos que ocurrieron el pasado viernes en el barrio de Sant Miquel de Granollers.

Los dos detenidos se encuentran en la comisaría de los Mossos en Granollers y está previsto que pasen a disposición judicial durante las próximas horas. EFE